En un hecho sin precedentes, los 13 concejales que conforman la nueva mayoría, pretendieron incluir una partida de $1.000 millones al presupuesto de la Personería de Barranquilla, para la vigencia 2018, por encima de las normas que la rigen.

Los curioso del caso es que esa partida de $1.000 millones no estaba contemplada dentro del presupuesto general de la Personería para la próxima vigencia fiscal, ya que el mismo se fundamenta en lo establecido por la Ley 617 que señala que “el porcentaje de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación para financiar los gastos de las Personerías de los Municipios y Distritos no podrá exceder, acorde con las categorías, el porcentaje o límite siguiente: Categoría Especial 1.6%”.

De esta manera, teniendo en cuenta la proyección de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación 2018, calculados en $834.788 millones, la transferencia máxima proyectada para cubrir los gastos fue establecida en $13.356 millones. Con base en estas proyecciones, el presupuesto inicial quedaría liquidado en 10.913 millones 309 mil 626 pesos, representando un crecimiento del 5% en comparación con la presente vigencia fiscal.

La diferencia con respecto a la transferencia total proyectada quedaría para futuras adiciones presupuestales por parte del Alcalde, de acuerdo con las necesidades del ente de control y la disponibilidad de recursos del Distrito.

Sin embargo, con la pretendida inclusión de los $1.000 millones, cuyo destino no se encuentra dentro de las necesidades presupuestales de la Personería, el ente de control prácticamente agotaría su tope máximo para la vigencia 2018, sin poder acceder a nuevos recursos o adiciones para cubrir sus reales gastos.

Al menos así se desprendía de la iniciativa impulsada por los 13 concejales de la mayoría: Oscar David Galán y Eugenio Díaz Peris (Partido Liberal), Aissar Castro Jr, Juan Camilo Fuentes, Juan José Vergara, Juan Carlos Zamora y Rubén Marino Borge (Partido Conservador), Mary Henríquez de Chahín, José Trocha, Santiago Arias, José Camacho y Oswaldo Díaz Insignares (Cambio Radical) y Carlos Meisel (Centro Democrático).

A esta iniciativa se opusieron los concejales Jaime Hernández Díaz y Carlos Rojano Llinás (Partido Conservador), Luis Zapata Donado (La U) y Ernesto Aguilar Medina (Partido Liberal).

Como consecuencia de ello, dos concejales de la nueva mayoría, José Trocha y José Camacho, ambos de Cambio Radical, presentaron la siguiente proposición: “Que el artículo 26 tenga un parágrafo en el siguiente sentido: que se exceptúa de esta facultad cualquier tipo de actuación con destino a la Personería Distrital”.

El artículo 26 señala que “el Alcalde queda facultado desde el 1o. de enero y hasta el 30 de noviembre de 2018 para realizar por acto administrativo los traslados presupuestales (créditos y contracréditos), las adiciones, recortes y aplazamientos que se requieran para la correcta ejecución del presupuesto Distrital”.

No obstante, la proposición de los concejales José Trocha y José Camacho amarró cualquier adición para la Personería, es decir, desde ya establecieron el límite o tope máximo presupuestal al ente de control, cuando esta facultad se encuentra exclusivamente señalada por la Ley 617.

En otros términos, no es el Concejo quien le debe señalar al Alcalde los límites presupuestales sino es la Ley 617 la que establece los mismos.

Las preguntas que surgirían entonces serían: ¿El Concejo por encima de la Ley? ¿Qué interés hay detrás de los $1.000 millones? ¿Por qué el freno presupuestal a la Personería? ¿Qué tiene que ver el año electoral con todo esto?